El Foro Ermua pide dos años y nueve meses de cárcel para Ibarretxe y su inhabilitación

El letrado del colectivo solicita que se presenten como prueba las actas de la negociación entre el Gobierno y ETA.
Lo anunció nada más conocerse el auto judicial que posibilitaba la apertura del juicio oral contra el lehendakari Juan José Ibarretxe, los representantes de Batasuna y los del PSE-EE. Y hoy, el Foro Ermua presentará su escrito de acusaciones, en el que pide para Ibarretxe una pena de dos años y nueve meses de prisión, así como su inhabilitación para cargo público.

El colectivo considera probado durante la fase de diligencias previas que los dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Juan Joxe Petrikorena, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia cometieron un delito de desobediencia y que, para ello, "han tenido que coordinarse y ha sido necesario que estuvieran por un lado, el señor Juan José Ibarretxe y, por otro, Rodolfo Ares y Patxi López", indicó el abogado Fernando García Capelo.

Con este convencimiento, el Foro Ermua reclama la imputación de sendos delitos de desobediencia a los ex dirigentes de Batasuna, para quienes pide penas que van entre un año y cuatro de cárcel, en función del número de reuniones en las que han participado. Así, a Otegi le atribuye cuatro delitos de desobediencia, con una pena de otros tanto años de prisión, "cuyo cumplimiento efectivo será de tres años si finalmente es condenado", a Petrikorena le imputa dos delitos y otros tantos años de pena, lo misma que a Etxeberria, y a Dañobeitia y Barrena, un año por otro delito de desobediencia.

Como cooperador necesario para la comisión de estos delitos, el Foro Ermua atribuye a Ibarretxe tres delitos por sus otras tantas reuniones, con una pena de nueve meses para el primero y de un año para los dos siguientes. "Adicionalmente, pediremos su inhabilitación para cargo público. A Ares y López les imputaremos un delito y nueve meses de prisión y la inhabilitación del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena", explicó García Capelo.

La petición de condena está fundamentada en el escrito de acusación en una serie de argumentos que ha esgrimido a lo largo de todo el procedimiento judicial y en los que insiste en que las reuniones se han celebrado con Batasuna como tal.

Actas de henry dunant

Además de las tesis que sustentan el escrito de acusación, el abogado indicó que solicitará al juez la práctica de una nueva prueba, referida a las informaciones publicadas en los diarios El País y Gara en las que se aseguraba que la reunión mantenida entre el secretario general y el de Organización de los socialistas vascos, Patxi López y Rodolfo Ares, se produjo dentro de las negociaciones entre el Gobierno español y ETA con el objetivo de legalizar a Batasuna. "Hemos sabido, en un artículo del portavoz oficioso de Zapatero, el señor Aizpeolea -en referencia al periodista de El País Luis R. Aizpeolea- y también por las noticias en Gara, cuya cercanía a Batasuna es evidente, que la reunión con Otegi, Dañobeitia y Etxeberria se produjo dentro de las negociaciones y para conseguir la legalización, primero de facto y luego de iure", insistió García Capelo. Así, pedirá que se aporten los periódicos del día en que se publicaron las informaciones y una prueba testifical de los redactores de esas noticias. Al mismo tiempo, solicitará que el magistrado requiera mediante comisión rogatoria al centro Henry Dunant que presente las actas y documentos e información que ha recogido durante el proceso de negociación y que se refieran a "la vinculación entre la reunión de PSE y Batasuna y la negociación con ETA" para ver "si es efectivamente cierto que era una reunión exigida por ETA para la legalización de Batasuna".

El letrado del Foro Ermua también se refirió a los recursos presentados por las defensas de todos los acusados: "tienen muy pocas probabilidades de salir adelante, porque no están en absoluto fundamentados" y el juez ha visto indicios de delito. Tampoco dudó de que se vaya a abrir el juicio oral, discrepando con la Fiscalía. "Tenemos un 95% de posibilidades, porque el juez ve indicios de delito".

Fuente:
http://www.deia.com/es/impresa/2007/07/12/bizkaia/politika/381158.php